SUEÑOS SON...

Uno de los ejes de campaña –acaso el más importante– de la flamante presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue la propuesta negociar un Pacto Social entre los principales actores de la sociedad argentina, para gobernar de acuerdo a estas directrices..

Por: Pablo Puente
(alumno del taller de Redacción y Periodismo)

La iniciativa intenta reemplazar la etapa de Guillermo Moreno que se caracterizó por el ferreo e inconsulto control del Estado por un camino más consensuado en el que participen los principales actores económicos y que mantenga a raya a la tan temida inflación durante, como mínimo, el primer año de ejercicio del nuevo gobierno.
Como antecedente mundial exitoso, se cita el Pacto de la Moncloa, que en realidad incluyó varios acuerdos firmados en España en octubre 1977, dos años después de la muerte del dictador Francisco Franco y cuando el recién elegido gobierno de Adolfo Suárez, del Frente Popular, debió enfrentar la realidad que habían dejado varias décadas de dictadura: recesión, fuga de capitales, endeudamiento, inflación creciente, ilegalización del partido comunista.
La primera pista de que se intentaría tom,ar ese camino, la dio el ministro Alberto Fernández, hombre clave de toda la etapa kirchnerista, quien dijo –durante un acto de campaña en el Teatro Argentino de La Plata: "Lo inteligente es saber armonizar intereses, no utilizar la mayor fortaleza política en desmedro de otro. Así se han hecho las grandes transformaciones. Así ha hecho España".
La idea de que la presión y el fuerte control sobre los formadores de precios ceda su lugar a un gran convenio no encuentra crítica razonable; pero, sin embargo, los interrogantes que se abren a la hora de su implementación son varios: ¿es posible transpolar instituciones nacidas en sociedades tan distintas a la nuestra?, ¿resultará eficaz un convenio que haga hincapié sólo en lo económico soslayando las cuestiones de orden político y social? y, por sobre todas las cosas, ¿existe en los actores sociales la voluntad de pactar?
Argentina ya tuvo un experimento parecido al que pretende reflotar la actual presidente. Se trata del Pacto Social firmado en mayo de 1973 entre la Confederación General Económica (CGE), la Confederación General del Trabajo y el Poder Ejecutivo, en manos de Cámpora en ese momento. Su mayor promotor fue su ministro de Economía, José Ber Gelbard, también fundador de la CGE y representante máximo del ala izquierda del empresariado nacional. En este caso, a diferencia de lo sucedido en la Moncloa, el Acta de Compromiso Nacional para la Reconstrucción, Liberación Nacional y la Justicia Social fue presentada en el Congreso Nacional el 8 de junio, lo que equivale a decir que no fueron invitados a expresar su opinión los integrantes de las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Un detalle no menor si hablamos de un Pacto Social.
La inestabilidad posterior de la gestión Gelbard, alerta sobre las dificultades de mantener la palabra escrita en Argentina. Inicialmente se convino que la vigencia se extendería por 2 años; pero tuvo su primera modificación 9 meses después, y, más tarde, ya sin Gelbard como ministro, fue alterada tres veces más con intervalos aproximados de tiempo de 4 meses hasta que, en 1975, el tristemente célebre “Rodrigazo” destapó la olla inflacionaria y dio por tierra con el intento con un saldo trágico para el patrimonio de muchos argentinos.
De este fracaso pueden sacarse algunas lecciones, como, por ejemplo, no despreciar la opinión de los representantes de ningún partido político que ocupe bancas en el Congreso. La amplitud de miras debe ser tal como lo fue en su momento en España, cuando Adolfo Suárez se reunió inclusive con Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista Español (PCE), ilegal en ese momento, por lo que lo tuvo que hacer a escondidas, para evitar la susceptibilidad de las fuerzas armadas de impronta franquista.
Entre las voces que no serán “cantos de sirena”, pero que debería escuchar el gobierno y sus hipotéticos compañeros de negociaciones, se encuentran las de los representantes de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), que a la fecha no consigue la personería jurídica, lo que la lleva a no poder gozar de los derechos de una central sindical. Hugo Yasky, secretario general de la Central se expresó de esta manera: “Es una mentira hablar de Pacto Social si no vamos en igualdad de condiciones… a los empresarios nadie les dice dónde se tienen que organizar, nadie les diría: `ustedes están obligados por tal ley a estar en tal organización’.
Aun el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo Moyano, que durante la campaña de Cristina mostró cierto grado de permeabilidad frente al Pacto Social varió su postura luego de una reunión que en absoluto secreto mantuvo Cristina pocas horas antes de asumir como presidenta. En el encuentro, el dirigente camionero volvió a probar su fuerza, con resultado positivo, cuando logró imponer la continuidad de Julio De Vido y que el ministro de Trabajo siguiera siendo Carlos Tomada, en vez del ultracombativo Aníbal Fernández, que había sido propuesto por Alberto Fernández. Se sabe que en el encuentro Cristina propuso un tope a los aumentos salariales para 2008 del 15%, lo que fue una afrenta a Moyano, que ya soportó los embates de Barrionuevo el año pasado al ponerle el mismo tope al aumento en las paritarias, lo que le costó muy caro políticamente. Según trascendidos, esta vez se abría plantado frente a la presidente y le respondió que ahora los incrementos no estarían por debajo del 22%.
El martes 12 de diciembre, en el acto de asunción de un intendente bonaerense, Néstor Kirchner y Moyano estuvieron sentados a dos sillas de distancia, pero no se dirigieron la palabra, un hecho que corrobora que el líder de la CGT no tiene ningún inconveniente en hacerle saber a las máximas autoridades nacionales que las armas permanecen en sus vainas, pero muy bien afiladas.
En sus declaraciones, Moyano fue claro y contundente: “La CGT va a actuar con la responsabilidad que corresponde, pero esto no significa que no se va a reclamar que el salario continúe recuperando su poder adquisitivo” y agregó que “a muchos nos preocupa el tema de la inflación y eso es una realidad, porque nadie quiere una inflación desmedida, pero no nos olvidemos que cuando no había inflación había pérdida de puestos de trabajo, salarios congelados y endeudamiento del país”.
Entre los empresarios, el titular de Fiat Argentina, Cristiano Ratazzi, aseguró que “si el pacto es solo para hablar de precios y salarios, entonces es una tontería”. Juan Carlos Lascurain, titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), dijo, por su parte, que “hay una gran expectativa por el acuerdo económico social, lo cual es bueno, porque hace que se piense en la proyección de la Argentina hacia el futuro”. Igualmente el titular de la central industrial condicionó el éxito del esfuerzo al mantenimiento de una amplia agenda, que además analice dos cuestiones medulares para el desarrollo: las inversiones y el financiamiento a largo plazo.
En este clima, que no parece maduro para un diálogo fructífero, y con la tinta todavía fresca del acta que la consagró como primera mandataria, Cristina Fernández de Kirchner deberá intentar sentarse con actores que parecen poco dispuestos a suscribir el tan mentado Pacto Social, que a la fecha se parece más a una quimera, que a una realidad posible.